Santo Domingo.- Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez, reconocidos profesionales del periodismo y la producción televisiva, presentaron distintas querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por difamación e injuria en medios digitales.
Las querellas, algunas presentadas de manera individual y otras colectivas, han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen comunicación en redes sociales y medios digitales, Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Las acciones judiciales, han sido interpuesta con base a la violación a los límites que los derechos al buen nombre, y al honor fijan a la libertad de prensa y de expresión, de conformidad con la Constitución dominicana y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Los querellantes, asistidos por sus representantes legales aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves, afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento conjunto dirigido a los medios argumenta que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se aborden con argumentos y pruebas, no con agravios.
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
SANTO DOMINGO.- Mientras la gimnasia rítmica y de trampolín captura la atención de jóvenes talentos en el país, surge una sombra inquietante. El Informe con Alicia Ortega reveló una serie de denuncias de acoso sexual contra un entrenador de la Academia OGA Gymnastics, ubicada en el ensanche Kennedy en Santo Domingo.
Julio Ángeles, entrenador de la reconocida academia y miembro de la Asociación de Gimnasia, fue denunciado el pasado 20 de mayo formalmente ante el Ministerio Público por acoso sexual contra una menor de 15 años.
Una de las denunciantes es la madre de la menor de 15 años, cuya identidad se omite por asuntos legales, quien contó al Informe que la menor fue retirada abruptamente del gimnasio en marzo pasado debido a la magnitud de la situación.
La madre relató que salieron a relucir unos rumores de supuesto acoso contra las menores del centro, por lo que procedió a revisar el celular de su hija y descubrió las conversaciones.
La madre denunció haber conversado con la directora del centro, quien prometió tomar medidas. Sin embargo, la indignación surgió hace pocos días al constatar el regreso de Julio a la academia como profesor.
“Ella me dijo que tenía una relación de 12 años con él, que ella no se imaginaba eso y que ella estaba muy afectada y muy afligida”, contó.
Al confrontar a su hija sobre los mensajes encontrados, la reacción de la menor, quien se echó a llorar, terminó por disipar cualquier duda en la madre.
La madre también reveló haberse enterado posteriormente de que Julio Ángeles presuntamente incitaba a su hija a ir a un parque.
Además, durante un entrenamiento, la menor habría relatado un incidente en el que el entrenador intentó enseñarle a conducir sentándola en su pierna, situación que la hizo sentir incómoda.
La mujer hizo un llamado a otras madres de menores en la misma academia para que denuncien si sus hijas también han sido víctimas de acoso por parte de Ángeles.
Otro caso
Una ex-alumna de 19 años, quien a través de un informe entregado a la directora de la academia en marzo de este año, detalla presuntos incidentes de acoso físico que se remontan a junio de 2021, cuando tenía 15 años.
La joven, quien prefiere mantener su identidad oculta, narró que sufrió tocamientos inapropiados, abrazos forzados y comentarios de índole personal por parte de Ángeles.
La ex-alumna explicó que sostuvo un encuentro con la directora de la academia Yamile Peña y Julio Ángeles, donde se sintió amenazada por parte del entrenador, debido a que habría insinuado tener influencias que podrían perjudicarla si decidía hacer públicas las acusaciones.
Además, presentó grabaciones de una conversación de 22 minutos con el entrenador y capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp que considera insinuaciones impropias para la edad que tenía en ese momento.
El Informe con Alicia Ortega intentó obtener la versión de Julio Ángeles, quien en una conversación telefónica inicial se mostró dispuesto a dar la cara, aunque posteriormente postergó la entrevista formal en cámara. Tampoco fue posible obtener una declaración directa de Yamile Peña.
En tanto que, José Gabriel Valerio, presidente de la Asociación de Gimnasia del Distrito Nacional y secretario general de la Federación Dominicana de Gimnasia, calificó estos hechos como «imperdonables» en caso de comprobarse.
Monte Plata. – Representantes de varias comunidades del municipio Peralvillo y el distrito municipal Don Juan se manifestaron este martes de forma pacífica para exigir el inicio inmediato de la construcción de la carretera La Melliza, una obra ya adjudicada a la empresa constructora RAS, la cual, según denunciaron, ha recibido desembolsos del gobierno sin mover una sola máquina.
Durante la protesta, Gregorio Manzueta manifestó que levantaron una cruz como símbolo del sacrificio que aseguran estar viviendo, al tiempo que los mandatarios exigieron con firmeza la construcción de los primeros cinco kilómetros de la vía, considerada vital para la conexión de la zona.
La actividad fue encabezada por el Grupo de Desarrollo de La Guazuma y contó con el respaldo de iglesias, juntas de vecinos, productores de cacao, amas de casa, sindicatos de choferes, asociaciones agropecuarias y motoconchistas.
Eladio de la Cruz, afirmó que el mal estado del tramo La Guazuma – Cruce La Melliza provoca que decenas de comunidades queden incomunicadas cada vez que llueve, debido al desbordamiento de los ríos Ozama y Juana Teví.
“Esta carretera no es un lujo, es una necesidad urgente. La producción de más de 120,000 quintales de cacao se ve afectada, además del acceso a servicios de salud, educación y abastecimiento de alimentos”, expresaron los organizadores.
Cesáreo Jiménez, representante de la iglesia católica, agradeció al presidente Luis Abinader por aprobar los fondos para la obra y confió en su intención de mejorar la infraestructura de Monte Plata. No obstante, los manifestantes advirtieron que no tolerarán más retrasos por parte de la empresa adjudicataria.
Entre las comunidades afectadas están: Centro Penson, Cruce de Morao, El Carmen, Mateo Pico, Centro Guazuma, El Corozo Abajo, El Corozo Arriba, La Guardia, El Jamito, Joya Fresca, Pequín y Batey Frías.
La manifestación concluyó con un llamado urgente al Ministerio de Obras Públicas para que fiscalice el cumplimiento del contrato y garantice el inicio inmediato de los trabajos.
SANTO DOMINGO.– Las autoridades judiciales le han impuesto como medida de coerción el impedimento de salida del país y la presentación periódica al detective Ángel Martínez.
Martínez había sido trasladado desde Puerto Plata a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde fue conducido al departamento de prófugos. Este movimiento se realizó en la espera de que se le conociera la medida de coerción relacionada con denuncias de difamación interpuestas por tres personas.
El detective, de 71 años, había denunciado antes de su arresto que era perseguido por vehículos con cristales tintados, presuntamente pertenecientes al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI). “No tengo nada que perder, soy un viejo que ha denunciado el narcotráfico y no tengo miedo”, expresó en un video.
El comunicador enfrenta una demanda por difamación e injuria interpuesta por el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, a quien acusó públicamente de recibir dinero del narcotráfico para campañas políticas. En 2021, fue declarado en rebeldía por no asistir a una audiencia judicial en el Distrito Nacional.